Compañías como Meta, Twitter, Amazon o Google están experimentando recientemente grandes problemas: altos niveles de deuda, incertidumbre entre sus inversores, devaluaciones en la Bolsa, una diversificación poco estructurada, abusos de la libre competencia, litigios a causa del trato a sus empleados,… Pero todas estas dificultades y retos sólo hacen que poner de manifiesto un obstáculo mayor y subyacente: el gobierno de estas empresas.
Este es el principal argumento del último artículo del Profesor Jordi Canals, publicado el pasado 18 de noviembre en el periódico económico español Expansión. El texto describe los distintos problemas con que se encuentran actualmente las compañías tecnológicas e incide en que el problema fundamental de estas empresas es el gobierno corporativo: “Una empresa, por bueno que sea su modelo de negocio, no es perdurable sin un gobierno corporativo adecuado”, afirma Canals.
El profesor afirma que uno de los motivos que ha empujado a las ‘Big tech’ a una cierta crisis es el modelo de accionistas de dos clases (dual-class shareholders). Este sistema, permitido en los Estados Unidos, está diseñado para fomentar que los emprendedores fundadores puedan hacer crecer sus empresas de acuerdo con sus ideas, para lo que se les otorga un mayor control de la compañía durante un período de tiempo concreto, aunque no tengan la mayoría de las acciones.
Este modelo, que se basa “en la hipótesis de que los fundadores tienen una capacidad especial para orientar la empresa y tomar las decisiones estratégicas necesarias en cada momento”, tiene diversos efectos adversos, según Canals. Por ejemplo, que el accionista fundador acaba controlando un consejo de administración que, “muy difícilmente”, le planteará posiciones contrarias. “Este mecanismo, que podría ser aceptable en una empresa familiar privada, deja de serlo si se trata de una empresa cotizada con numerosos accionistas minoritarios”, añade Canals.
Otro problema que supone este modelo es que, dado que la totalidad de la confianza de los inversores está depositada en los fundadores, cuando el modelo de negocio deja de funcionar “la empresa entra en territorio desconocido y los inversores observan con perplejidad los acontecimientos incapaces de actuar”. “La empresa entra en crisis por el modelo de negocio, pero la situación se agudiza porque su sistema de gobierno es incapaz de resolver este tipo de problemas”, asegura Canals.
Al mismo tiempo, todo este modelo hace que se tenga más en cuenta al accionista fundador que a su consejo de administración o sus trabajadores, por lo que “se valora menos el equipo, la estrategia o el modelo de negocio, y se tiende a descuidar el sistema de gobierno de la empresa”. “Es cierto que hay una preocupación por los accionistas y la creación de valor, pero la mayoría de inversores confían ciegamente en el fundador, hasta que el modelo de negocio se declara inviable”, dice el profesor.
Una opción más favorable
Frente a esta situación, Canals opina que el diseño del buen gobierno de la empresa exige pensar en un sistema que mantenga en equilibrio el poder de los tres grandes agentes decisores en una compañía: consejo de administración, accionistas y el CEO con su Comité de Dirección. “El equilibrio entre ellos no es estático ni universal. Debe adaptarse en función de la naturaleza de la empresa, así como de su evolución y necesidades”, asegura.
En este sentido, el gobierno corporativo debe asegurar que la distribución del poder de decisión en la empresa esté adecuadamente repartida “para proteger a inversores, empleados o clientes”; y que, al mismo tiempo, “ayude a tomar mejores decisiones, con un contraste razonado de los hechos y argumentos”. En el actual modelo de las ‘Big Tech’, “es difícil que el consejo pueda mitigar la influencia de los fundadores, incluso si entrara un accionista activista”, afirma Canals.
“Un buen gobierno corporativo debería lograr, no sólo un equilibrio razonable en el ejercicio del poder en la empresa, sino una capacidad de plantear debates profundos sobre cómo debería ser la empresa en el futuro, en los que el peso de los argumentos y la profesionalidad sean los valores dominantes, por encima del estatus de fundador o del control de unas acciones con derechos de voto superiores”, concluye.
